Quieren desgastar a la comisión y que esto no se resuelva: diputada
México, 2 de febrero.- Al
grupo de diputados federales que investiga la ejecución de 22 civiles
en Tlatlaya, Estado de México, por parte de elementos del Ejército
Mexicano le están dando largas; lo están desgastando para que no
encuentre nada, para que se cumplan los plazos y al acabar el actual
periodo de sesiones de la LXII Legislatura no tengan cuentas qué
entregarle a la gente.
La estrategia del gobierno federal a través de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno del Estado de México a través
de su Subsecretaría General de Gobierno es clara: dilatar en la medida
de lo posible el acceso de los diputados federales a cualquier documento
de investigación sobre el tema bajo el argumento de que conocer el
seguimiento de la indagatoria la alteraría de alguna forma.Por eso a los diputados que integran el Grupo Plural que intenta coadyuvar en el esclarecimiento del caso (Miriam Cárdenas Cantú PRI, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez PRI, Alberto Díaz Trujillo PAN, Margarita Elena Tapia Fonllem PRD, Zuleyma Huidobro González Movimiento Ciudadano, Loretta Ortiz Ahlf PT, René Ricardo Fujiwara Montelongo Nueva Alianza, y Ernesto Núñez, del PVEM) los han atendido solo una vez desde septiembre de 2014.
Lo sucedido con la ejecución de los civiles desarmados, ya rendidos, es tan grave que los diputados resolvieron que los responsables de estos crímenes merecían otra pena, que se les aplicaran castigos a partir de delitos como crímenes de lesa humanidad.
El problema es que este delito no existe en la legislación penal mexicana y no hay forma de aplicarlo para el caso Tlatlaya o para otros casos, explica la diputada perredista Elena Tapia Fonllem, coordinadora del Grupo Plural que intenta obtener algún resultado como instancia coadyuvante para saber qué pasó realmente en la bodega de San Pedro Limón.
A los diputados no los han dejado hacer su trabajo, aunque han insistido en que se les permita conocer el expediente del caso, pero la respuesta ha sido siempre negativa.
De hecho, el primer obstáculo para conocer detalles del caso en el que militares del 102 Batallón de Infantería asesinaron al menos a 15 civiles con los que se enfrentaron y a los que ya habían sometido, fue el hoy ex Ombudsman nacional Raúl Plascencia, a quien Elena Tapia, buscó en repetidas ocasiones.
Nunca nos contestaron ni él ni su gente para recibirnos y revisar la investigación a detalle. Fue un problema. No hubo respuesta de su parte, aunque sí logramos revisar con él el informe, que fue público, pero no el expediente del caso, dice en entrevista la diputada cuando una llamada a su celular la hace levantarse de su silla y solicitar una pausa en el encuentro.
Cuando regresa lo hace exclamando un “por fin”, ya que en Subsecretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur, ahora sí los va a recibir. Al menos eso le han dicho del otro lado de la línea.
-¿Y con los militares, cómo es la relación, cuantas veces se han encontrado con ellos?
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