Buscan ante Suprema Corte derogar el Código de Justicia Militar. JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN El Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos (ProDH), interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corted de Justicia de la Nación (SCJN) para que se derogue o modifique el Código de Justicia Militar (CJM), ya que varios de sus artículos vioentan violentan a la Constitución Política del país. Dirigentes del Centro ProDH, así como juristas de la Universidad Iberoamericana y de la organización Fundar, presentaron el Informe "¿Comandante Supremo?", en el que cuestionan la actuación del Ejército Mexicano y aseguran, basados en la comparación de los articulados de la carta magna y del CJM, que este último está, en los hechos, por encima de la Constitución. El Código de Justicia Militar contiene artículos que permiten aplicar el fuero de guerra a civiles, lo que es totalmente violatorio de las garantías individuales y contradice por completo las recientes reformas a los artículos 9 y 10, en donde se establece que los asuntos de seguridad pública serán manejados única y exclusivamente por civiles, señaló el abogado Miguel Cano, de Fundar. Desde esta perspectiva y basados en que la Cosntituición es la ley suprema, los especialistas consideraron que en los hechos, vivimos un estado de excepción ya que los militares actúan por encima de la ley y quedan impunes ante la justicia civil. El informe registra ciento veinte casos de abusos cometidos por militares, entendiendo por estos violaciones a derechos como la vida, la integridad física, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Estos casos, aunados a las 1,230 quejas contra el Ejército que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce haber recibido en 2008, confirman que la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública que competen a civiles constituye una seria amenaza a la vigencia de los derechos humanos en el país. Según datos obtenidos por el Centro Prodh a través de las instancias de acceso a la información pública, entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008. En el mismo período la Procuraduría General de Justicia Militar aceptó que sus agentes del ministerio público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles -110 tan solo en 2008-, de las cuales únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada diez. La información recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia militar tiende a perpetuar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos de civiles.
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