Dos militares que se desempeñaban como jefe y subjefe del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y que están acusados de ejecutar a siete personas en 2009, buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les conceda un amparo, a fin de que se declaren ilegales las pruebas con que se integró su expediente, debido a que
la Policía Judicial Federal Militar obtuvo las confesiones inculpatorias bajo tortura.
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