Imprecisiones y negativas
Son los cuestionamientos básicos sobre los que el comisario general, Enrique Galindo se niega a responder.
La cerrazón y el ninguneo del sistema político priísta son proverbiales, especialmente si se trata de rendir cuentas en materia de respeto a los derechos humanos, de claridad y transparencia en la forma de operar y aplicar la fuerza por parte de corporaciones federales.
Es el caso de la Policía Federal y de sus agentes, involucrados en el enfrentamiento ocurrido en Tanhuato, Michoacán, contra presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en donde murieron ni más ni menos que 42 civiles en condiciones bastante poco claras.
Los días que siguieron al enfrentamiento fueron, como en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, de reclamos y exigencias, de asedio para que las autoridades de todos los niveles de gobierno y de las instancias civiles, militares y policiales explicaran y rindieran cuentas claras sobre hechos en los que se ha presumido que hubo abusos en el uso de la fuerza
