La transformación de la justicia militar

Pese a la capacitación en derechos humanos recibida por el Ejército, el aumento en las denuncias de abusos exige la actualización del sistema jurídico castrense.

Militar revisa un expediente durante un juicio. Foto: Mónica González

     El Ejército Mexicano concluyó el 2011 como la institución con más denuncias en contra por presuntas violaciones a los derechos humanos.
     A la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido 92 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como consecuencia de aquellas quejas en las que sí hubo materia para proceder en contra del personal militar y de la institución.
     En las denuncias sobresalen el trato cruel, inhumano o degradante, las detenciones arbitrarias y cateos sin orden judicial, así como las torturas, los homicidios y las desapariciones forzadas (como en el caso de Jethro Ramsés Sánchez, en Cuernavaca, Morelos).
     Las cifras de la CNDH al respecto indican que en el año que terminó se recibieron mil 626 quejas en contra de la Sedena, con lo que superó las estadísticas del 2010, cuando se presentaron mil 415 quejas contra la institución.     
     Fue un incremento de 211 casos, pese a la constante capacitación en materia de respeto a los derechos humanos recibida por personal militar de todos los niveles y grados.
     En la gran mayoría de los casos se trata de abusos cometidos al amparo del Fuero de Guerra.
     En otros, las acciones tienen que ver con excesos u omisiones de los propios militares en contra del personal del Ejército sometido a procesos penales por supuestos delitos o por faltas agravadas que no encuentran sustento en las leyes castrenses.
     Se trata de una aplicación indebida de principios jurídicos y penales básicos, como el de presunción de inocencia, que escasamente se aplica en tribunales militares, en los Consejos de Guerra Ordinarios.
     En este contexto, la justicia militar “no se puede sustraer, bajo ninguna razón, de la presunción de inocencia, que es un principio rector de carácter general para todas las personas en los procesos penales”, señala el jurista Alejandro Carlos Espinosa, especialista en Derecho Militar, fundador y director de la revista Criminogénesis y autor de decenas de artículos y de varios libros sobre la materia.     
     “La idea de presumir la culpabilidad de alguien debe ser absolutamente desterrada de todas las justicias, y la justicia militar no tiene por qué ser la excepción”, agrega Espinosa.

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