Mantiene el gobierno esquema anticrimen rebasado.

ADVIERTE ONG SOBRE PELIGRO DE MILITARIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA.     JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN   El Centro de Derechos Miguel AgustÍn Pro, (PRODH)  presentó su informe "Asedio a los drechos humanos: seguridad pública y justicia penal en México", en el que advierte sobre los riesgos de la política anticrimen del gobierno del presidente Felipe Calderón al señalar que ésta se carcteriza no solo por ejercer la "mano dura", sino sobre todo por el uso excesivo de militares para combatir a la delincuencia, trayendo consigo violaciones a los derechos humanos. Se trata, en términos generales, de la implantación y el reforzamiento de "una política disfuncional de seguridad pública" en México, mediante la aplicación de un falso esquema que privilegia medidas de corte represpivo que son justificadas como necesarias para mantener el orden público, señla el Centro ProDH. En este esquema de análisis, la ONG adveirte que "mediante la conformación de alianzas estrechas y muestras públicas  de apoyo", las fuerzas armadas "siguen creciendo en poder en la vida política mexicana en los últimos años". El documento señala que "las mencionadas estrategias de mano dura no han provocado la disminución de la violencia criminal". Por el contrario -explica el informe- "la cifra promedia de muertos atribuibles al crimen organizado en México se ha más que duplicado del año 2005 a 2008, mientras el gobierno sigue desplegando decenas de miles de soldados en operativos militarizados en diversas entidades federativas". En el texto se asegura que el presidente Felipe Calderón "ha seguido ampliando sus políticas de mano dura, promoviendo el papel de las fuerzas armadas en la estrategia de seguridad pública nacional y abogando  por reformas regresivas en materia de justicia penal, incluidas medidas que violan las garantías básicas del debido proceso". Con esta estrategia, se "busca justificar sus acciones, respaldando una falsa dicotomía entre la seguridad y los derechos humanos, que coloca a los derechos humanos como obstáculos en la lucha contra el crimen". El informe sostiene tres ejes de análisis para ubicar la actual problemática de inseguridad, al señalar que existen tres fenómenos interrelacionados que deben ser revisados: "el despliegue de las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas policiales; las recientes reformas a la Constitución para legalizar violaciones a los derechos procesales de las personas detenidas bajo el sistema de justicia penal; y el problema endémico del uso excesivo de la fuerza por funcionarios mexicanos encargados de hacer cumplir la ley". En este contexto, el centro ProDH recuerda varios casos de violeciones a los derechos humanos cmetidas por militares durante la aplicación de operaciones contra el narcotrpafico, particularmente en retenes y puestos revisión en donde han ocurrido al menos seis hechos violentos en los que civiles fuerojn acribillados por no hacer alto cuando se les ordenó. Por ello, "el Centro Prodh considera que los operativos militarizados de seguridad impulsados por el gobierno federal representan de facto una medida de naturaleza excepcional que implica restricciones a los derechos humanos en general.

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