Legisladores darán voto a Sedena para cambios constitucionales.

Busca Ejército apoyo para decretar toque de queda, suspensión de garantías y cateos vs. el narco.   JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN   En los primeros dos años de su gobierno, el presidente Felipe Calderón celebró el Día del Ejército rindiendo homenaje a los militares caídos en la lucha contra el narcotráfico, reconociendo el sacrificio de la tropa y anunciando aumentos salariales y mayores estímulos para una milicia activa y en retiro que se había visto "seriamente rezagada". Evitar las deserciones —que en 8 años han superado las 150 mil bajas—, elevar la moral de los soldados y fortalecer su papel prácticamente como únicos garantes de la seguridad y el orden interno del país eran los objetivos. El 19 de febrero, en su tercer encuentro con el Ejército, a medio tramo de su mandato, Calderón se encontró con un panorama que poco ha cambiado, que sigue presentando rezagos y ahora tiene a la milicia como blanco principal del narco, ya sea a través de fuego real o mediante marchas y protestas manipuladas por operadores de los cárteles. El escenario se torna complicado. Los cárteles sofistican su actuación y presencia y han logrado movilizar a ciertos segmentos de la población ofreciendo dinero. Por otro lado, el Ejército, con sus cerca de 200 mil efectivos, mantiene el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía para seguir encabezando la lucha contra las drogas mientras es severamente cuestionado por los excesos de militares (detenidos y sujetos a procesos) que han disparado contra civiles, precisamente en retenes y en puntos de revisión carretera. Al interior de la institución, los aumentos salariales prometidos en campaña y cumplidos mediante decretos y ajustes presupuestales, quedaron rebasados por la inflación y la crisis económica. En sus dos primeros años de mando, el general Guillermo Galván ha logrado para la tropa cerca de 2 mil pesos de incremento salarial además de homologar el porcentaje de haberes y sobre haberes al 90 por ciento en todo el país. También se logró elevar los beneficios para los militares y sus familiares a través del ISSFAM, pero de poco servirán a la tropa los poco más de 6 mil 101 pesos que se les pagan mensualmente. Persisten aún las interminables dificultades para hacerse de una vivienda. CON LO QUE HAY Ante una ola de violencia creciente que lo reta constantemente con un poder de fuego en aumento, el Ejército presenta desde 2007 serias limitaciones presupuestales y operativas que quedaron plasmadas en documentos oficiales presentados a legisladores federales por el alto mando en sus primeros encuentros a puerta cerrada. Se trataba de conocer de cerca, en forma directa, realista y cruda, las fortalezas y debilidades de las fuerzas armadas del país, urgidas de una reestructuración, de más presupuesto, de una doctrina que contemplara de nuevo la probable presencia de enemigos externo. Pero sobre todo, se trataba de que los legisladores apoyaran una modernización que evitara en los próximos cinco años una "degradación" tal del poder militar mexicano fuera "irreversible", como lo advirtió el propio secretario de la Defensa en privado a diputados federales (EL UNIVERSAL, miércoles 03 de diciembre de 2008— http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164161.html). LA OTRA GUERRA El aniversario número 96 de la creación del Ejército Mexicano se da en medio de una ofensiva armada y propagandística de los cárteles de la droga. Los secuestros, torturas, ejecuciones y decapitaciones contra militares en Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Mérida y Quintana Roo dieron paso a narcomantas y luego a los ataques con granadas y bazukas en Michoacán, Durango, Tabasco y Tamaulipas. Hace dos semanas los ataques armados en los que soldados, tenientes y un general en retiro fueron víctimas directas de cárteles de la droga, dieron paso a una nueva fase de la respuesta violenta del narco: las marchas, bloqueos y manipulación de grupos civiles en supuestas protestas por la presencia del Ejército en sus ciudades. En 33 años de combate al narcotráfico el Ejército ha perdido a más de 600 efectivos, entre ellos a tres generales (dos en accidentes aéreos y uno más ejecutado por sicarios). Los peores años para las fuerzas armadas en este rubro han sido precisamente los del actual gobierno panista, en donde han caído cerca de 100 militares en la primera parte del sexenio. A finales de diciembre de 2007, el documento "Estudio de las ejecuciones, primer año de gobierno diciembre 2006-noviembre 2007", elaborado por la secretaría de Seguridad Pública Federal señalaba, entre otros puntos más amplios, que se había logrado revertir el número de ejecuciones en el país, pero reconocía que tan solo en 2007 (hasta los últimos días de octubre de ese año) habían sido "asesinados 42 militares y cinco marinos". En este panorama, el Ejército aparece más que nunca inmerso y dominantes en el diseño y control del esquema de seguridad interior (seguridad pública y nacional) para enfrentar al crimen organizado. DERECHOS HUMANOS Y APOYO POPULAR En ese terreno se mueven hoy las fuerzas armadas, acusadas duramente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los asesinatos y excesos de sus soldados en retenes y puestos de control para reforzar la lucha antidrogas. Quince Recomendaciones de la Comisión a la Defensa Nacional e lo que va del sexenio muestran una de las caras de la moneda. La otra también es innegable y tiene que ver con el nivel de aprobación de la sociedad mexicana hacia las fuerzas armadas. La Segunda Encuesta de Seguridad Nacional dada a conocer hace unos días por el Colectivo de Análisis por la Seguridad con Democracia (CASEDE), revela que "la población aprueba mayoritariamente la participación del ejército en tareas de combate al narcotráfico (49% aprueba mucho y 36% aprueba algo), apoyo en caso de desastres naturales (52% aprueba mucho; 32% aprueba algo) e incluso en funciones policiacas (31% aprueba mucho; 38% aprueba algo)". No obstante, en su discurso  de 19 de febrero de 2007, el general Guillermo Galván dejaba en claro la postura de las fuerzas armadas en torno al combate al narcotráfico y a las funciones policíacas que el mando supremo le ordenaba cumplir: "No buscamos hacer la guardia que no nos toca, pero de ninguna manera queremos dejar de hacer la que nos corresponda, la que el país nos exija, la que las leyes nos mandan y la que nuestro Comandante Supremo instruya".

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