Reformas constitucionales para combatir al narco: el estado de excepción
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN.
Se busca legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, pero también limitar sus atribuciones para garantizar los derechos humanos y las vidas de civiles inocentes.
El panorama de la lucha contra el narco en México se complica de nuevo, ahora desde el ámbito jurídico y legislativo, en donde las posibles modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que buscan delimitar y precisar las atribuciones exactas de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico podrían permitir la aplicación del estado de excepción y la suspensión de garantías para que el Ejército combata con mayor eficacia a los cárteles de la droga.
Ante esto el senador Tomás Torres Mercado (PRD), es tajante: aprobar la Ley de Seguridad con los cambios que envió el Jefe del Ejecutivo equivaldría a permitir las condiciones para “un golpe de Estado con la ley en la mano, y eso no lo vamos a permitir”.
Pero el general (retirado) Luis Garfias Magaña, historiador y experto en seguridad, aclara que la suspensión de garantías contemplada en el artículo 29 constitucional debió haberse aplicado desde hace mucho tiempo para proteger la actuación de militares y policías en el combate al crimen organizado.
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JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN.
Se busca legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, pero también limitar sus atribuciones para garantizar los derechos humanos y las vidas de civiles inocentes.
El panorama de la lucha contra el narco en México se complica de nuevo, ahora desde el ámbito jurídico y legislativo, en donde las posibles modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que buscan delimitar y precisar las atribuciones exactas de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico podrían permitir la aplicación del estado de excepción y la suspensión de garantías para que el Ejército combata con mayor eficacia a los cárteles de la droga.
Ante esto el senador Tomás Torres Mercado (PRD), es tajante: aprobar la Ley de Seguridad con los cambios que envió el Jefe del Ejecutivo equivaldría a permitir las condiciones para “un golpe de Estado con la ley en la mano, y eso no lo vamos a permitir”.
Pero el general (retirado) Luis Garfias Magaña, historiador y experto en seguridad, aclara que la suspensión de garantías contemplada en el artículo 29 constitucional debió haberse aplicado desde hace mucho tiempo para proteger la actuación de militares y policías en el combate al crimen organizado.
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