Los sospechosos de San Lázaro
Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez, reportaje
Revista proceso # 1754, 13 de junio de 2010;
La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro... Los nombres de 21 representantes populares –13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD– han aparecido en diversos documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o víctimas de amenazas o ataques. Cada vez más palmaria, la realidad de la narcopolítica en el país se impone con crudeza...
En diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organizada o se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. Es más: sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado.
En algunos casos los legisladores fueron involucrados, a partir de testimonios judiciales, con estructuras delictivas; fueron testigos de descargo de personas sujetas a averiguaciones; tienen familiares implicados en actividades del narcotráfico o han sido amedrentados por sicarios.
Proceso investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organizaciones criminales. Aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, este semanario sólo da cuenta de los casos que logró documentar.

Alejandro Cano Ricaud, diputado priista, entró a la política en 2001 como candidato suplente de Jorge Barousse a la alcaldía de Chihuahua.
Héctor Agustín Murguía Lardizábal, El Teto, diputado priista y empresario en las ramas química e inmobiliaria, fue senador y alcalde de Ciudad Juárez (2004-2007).
Hugo Héctor Martínez González, diputado priista coahuilense, fue alcalde de Múzquiz y secretario de Desarrollo Social, primero, y de Obras Públicas y Transporte, después, en el gobierno de Coahuila.
Arturo Zamora Jiménez, legislador priista, es abogado y notario público en Jalisco. En el gobierno de esta entidad ocupó los cargos de subprocurador de Justicia, director general de Prevención y Readaptación Social y subsecretario de Seguridad Pública. En 2006, cuando buscaba la gubernatura de Jalisco, la DEA lo vinculó con el cártel de Tijuana.
Jorge Arana Arana, diputado priista jalisciense, fue empresario alfarero de 1980 a 2000 y militante de la CNOP en Tonalá desde los ochenta. Fue administrador general del ayuntamiento de Tonalá en 1984 y para 1986, cuando tenía 24 años, asumió las responsabilidades administrativas de la policía local.
Leoncio Alfonso Morán Sánchez, diputado panista, fue vicepresidente (2001-02) de la Concanaco y de ahí pasó a la alcaldía de Colima (2003-06). Según un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional difundido en julio de 2009, en su campaña por la presidencia municipal, Morán y otros representantes populares, entre ellos el senador panista Jesús Dueñas Llerenas, evidenciaron vínculos con el narcotraficante Germán Torres Anguiano, quien habría apoyado “las campañas políticas panistas con 800 mil dólares” en 2003.
Humberto Benítez Treviño, legislador priista, ha sido subprocurador de Justicia del Distrito Federal, así como procurador y secretario de Gobierno en el Estado de México.
Miguel Antonio Osuna Millán, legislador panista y hermano del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, fue detenido en Tijuana en marzo de 2009, junto con otras 60 personas, en la fiesta de una sobrina de Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, lugarteniente de Teodoro García Simental, El Teo.
Leonardo Arturo Guillén Medina, legislador panista, en 2000 pasó de asesor jurídico de la alcaldía de San Luis Río Colorado a coordinador regional de Giras Presidenciales durante la gestión de Vicente Fox.
Rogelio Cerda Pérez, diputado priista, inició su carrera en el consulado de México en Houston; en Nuevo León llegó a secretario general de Gobierno en la gestión de Natividad González Parás.
El 4 de julio de 2007 renunció a ese cargo, después de haber recibido amenazas del cártel del Golfo, que lo acusaba de proteger a Joaquín El Chapo Guzmán.
Armando Ríos Piter, legislador perredista conocido como El Jaguar, es considerado el delfín del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca. La prensa le augura el triunfo, en ausencia de precandidatos que le hagan sombra, como podría haber sido el ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría, ejecutado en agosto pasado.
Fabiola Vázquez Saut, legisladora por el PRI, fue diputada federal (2003-04) y alcaldesa de Acayucan (2004-07) por el PAN. Es heredera –con su medio hermano, Cirilo Vázquez Parissi, exdiputado local– del emporio ganadero y político de su padre, Cirilo Vázquez Lagunes, El Cacique del Sur, tres veces preso por homicidio, abigeato y acopio de armas y a quien la prensa repetidamente vinculaba con el narcotráfico.
César Francisco Burelo Burelo, es un diputado perredista quien, el 7 de diciembre de 2006, cuando era alcale de Cunduacán, Tabasco, fue conminado por algunos legisladores locales a aclarar “sus probables nexos con bandas del crimen organizado”, tras la ola de ejecuciones en La Chontalpa, región de ese municipio.
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputado panista, es contador público y ha sido diputado local en Yucatán. La prensa de ese estado lo vincula con Gustavo Monforte Osorio, El Chocolomo, presunto narcotraficante al que se le atribuye el control del mercado de drogas en el oriente yucateco.
Jesús Everardo Villarreal Salinas, es un diputado priista balconeado vía correo electrónico. Un mes antes de las elecciones del 5 de junio de 2009 se leía en un correo enviado por el presidente del PRI en Tamaulipas, Ricardo Gamundi: “Juanito, por favor hazle llegar esta info a Edmundo. Hay que detener esta información porque le pega muy gacho a Everardo y ‘los amigos’ le pueden retirar el recurso para el día ‘D’. Con esto perdemos Reynosa. Ayúdenme. Lo hablamos”.
Jorge Franco Vargas, diputado priista por Oaxaca conocido como El Chucky, fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado. El 3 de abril de 2007 fue secuestrado Jesús Díaz Parada, hermano de quien entonces controlaba la venta de mariguana en Oaxaca, Pedro Díaz Parada.
Aquél fue liberado el 8 de octubre y señaló a Jorge Franco Vargas de ser “responsable de ordenar mi plagio y al exjefe de la Policía Ministerial, Manuel Moreno, de llevarlo a cabo”.
Francisco Moreno Merino, diputado priista por Morelos, ha sido amedrentado por el crimen organizado. La madrugada del 21 de marzo de 2010 su oficina de gestoría en Cuernavaca fue atacada por un comando: la ametrallaron, entraron y quemaron la documentación.