Escrito por Luis Rodríguez y Antonio Trejo
Lunes, 20 de Febrero de 2012 00:00
Más de 100 militares en retiro han solicitado a la Corte Interamericana la revisión de sus casos por la falta del derecho a la justicia.
En diciembre de 2010, 56 militares en retiro, con rangos que van desde soldados, marinos hasta generales de División y almirantes, presentaron en Washington, Estados Unidos, una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusan al Estado Mexicano de violar sus derechos humanos y negarles el derecho a la justicia.
Por medio de dos ampliaciones a la denuncia original, presentadas en febrero y julio de 2011, 55 militares mexicanos que alcanzaron la jubilación se sumaron a la demanda en contra del Estado mexicano.
Ya suman 111 denunciantes y la cifra podría triplicarse este 2012. Diario de México tuvo acceso al expediente P1826 que contiene la denuncia de hechos presentada ante la CIDH, además de sostener una extensa entrevista con el abogado civil que representa a los militares mexicanos, y quien ha solicitado al organismo de justicia que mantenga su identidad en reserva durante el tiempo que dure el procedimiento, así como a este Diario.
A lo largo de más de 800 páginas que contiene la denuncia de hechos, así como sus subsecuentes ampliaciones, se revela que mediante un entramado burocrático que involucra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), se orquestó una resolución en afectó a los 111 militares denunciantes, pero que impacta de manera directa en el monto de las pensiones que reciben los 50 mil miembros de la Fuerzas Armadas que hoy en promedio están jubilados y los próximos a retirarse que rondan entre mil 500 por año.
En la denuncia presentada ante la CIDH, los militares retirados acusan al Estado mexicano, y en específico al Poder Judicial Federal de “violar sus derechos humanos de justicia y seguridad social” y de “condenarlos a percibir, en el mejor de los casos, casi la mitad de las remuneraciones cuando estaban en el servicio activo, pero existen situaciones en las cuales a los militares se les llega a reducir en una quinta parte las percepciones...”.
El abogado que representa a los 111 militares señala como responsables al entonces presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, así como a cinco ministros y los magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito y a los magistrados de la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa.
“No es una demanda contra el Presidente de la República en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, es en contra del Poder Judicial Federal”,aclara el abogado.
De Oficiales a Veladores
El descontento entre los militares tanto del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, próximos a jubilarse, como los que están ya retirados va en aumento.
“La pensión a la que tengo derecho es de casi 110 mil pesos mensuales, ese fue mi último sueldo en activo, pero hoy estoy recibiendo apenas 19 mil, esto sencillamente no puede ser”, dice contrariado un general de División con una trayectoria militar de 40 años, que no logra explicarse por qué el Estado mexicano lo condena a llevar una pensión muy por debajo de cualquier servidor público de primer nivel con 4 décadas de servicio.
El caso del general de División, que fue parte durante sus años en activo de una élite militar, ejemplifica la crisis que enfrentan –hasta ahora en silencio– miles de militares retirados. La situación se torna aún más crítica para los miembros de las Fuerzas Armadas que alcanzaron su jubilación con rangos de oficiales, clase y tropa.
“Hay sargentos o tenientes retirados que hoy se ven obligados a trabajar de vigilantes, de mozos y hasta de lavacoches, para sobrevivir”, ejemplifica el dirisionario que pidió el anonimato.
El salario promedio de un teniente es de 18 mil pesos, pero al jubilarse, su pensión difícilmente supera los 5 mil.
Lo peor para ellos y sus familias –explica– es cuando un militar se retira lisiado por alguna situación de combate o accidente, “es de vergüenza lo que el Estado hace por sus soldados, comparado con todos los ejércitos de Latinoamérica”.
El nivel de las remuneraciones para los miembros activos del Ejército siempre ha sido bajo, reconoce.
“¿Por qué surgieron los Zetas, porque el Ejército Mexicano se olvidó de darles una remuneración digna, ellos formaban parte de un cuerpo de élite (el extinto Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), con adiestramiento especial, pero sus sueldos eran bajísimos: llegaron los líderes del crimen y los reclutaron, así de fácil, no es justificación, pero explica parte del problema”, dice el mando de cuatro estrellas.
En víspera de los preparativos para la celebración del Día del Ejército y Fuerza Aérea (celebrado ayer), trascendió en los medios que un general en activo, asignado a la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, estaba en la nómina de los Zetas.
Torciendo la Ley
El laberinto legal que han enfrentado los militares en retiro y que hoy los condena a percibir una baja pensión comenzó el 9 de junio de 2003, justo a la mitad del sexenio foxista, cuando se publicó la nueva Ley del ISSFAM, que en su Artículo 31 especificó la forma en que se integra el Haber de retiro de los militares.
“Para integrar el monto total del Haber de retiro o de la compensación se tomará como base el Haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará a éste el 70% de dicho Haber”. Otro de los supuestos beneficios que disfrutarían los miembros de las Fuerzas Armadas era que las pensiones de los militares en retiro se incrementarían “al mismo tiempo y en igual proporción en que aumenten los Haberes de los militares en activo”.
Finalmente, al monto del retiro se sumarían, de acuerdo con el mismo artículo de la citada ley “aquellas otras que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Y es que según la demanda presentada ante la CIDH, fue esta última frase la que fue alterada en el juicio de contradicción de tesis 399/2009 a cargo de la Segunda Sala de la SCJN, y en donde un grupo de 40 militares en retiro pretendían que el máximo órgano de justicia determinara si las compensaciones garantizadas deberían formar parte o no de los Haberes de retiro.
Sin embargo la SCJN, en su resolución del 21 de abril de 2010 cambió la frase “aquellas otras que autorice” por “las asignaciones que autorice”, pretendiendo de esta forma que solamente se pueden sumar “asignaciones” y no otro tipo de conceptos al retiro. La modificación de redacción a la ley fue denunciada por el abogado ante los ministros; sin embargo, su alegato fue rechazado debido a que no tiene facultades para señalarlo, esto lo obligó a ir a una Corte internacional.
“Es muy grave que ministros de la Suprema Corte hayan aceptado que la redacción de una ley se cambiara, o peor aún si no se dieron cuenta que los abogados de Hacienda la modificaron”, lamenta el abogado.
Con dos viajes a la capital norteamericana donde ha sustentado su queja, el abogado que representa a los militares espera con optimismo la resolución de la CIDH.
“El Estado mexicano estaría obligado a procurar justicia para los militares retirados, ya tenemos el caso de Rosendo Radilla (luchador social desaparecido por miembros del Ejército en 1974), los fallos de la CIDH son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, no hay pretexto.
