ADVIERTEN ESPECIALISTAS FALLAS EN ACUERDO POR LA SEGURIDAD.
JORGE ALEJANDRO MEDELLIN
Especialistas en seguridad nacional y justicia penal advirtieron que las 74 iniciativas del Acuerdo Nacional por la Seguridad firmado el pasado 21 de agosto, "no están sustentadas en un plan estratégico de combate al delito; son propuestas reactivas de acciones aisladas y descordinadas que no responden a un plan integral para el mejoramiento de la seguridad pública.
Investigadores como Raúl Benítez Manaut, Ernesto López Portillo, Miguel Sarré y Elena Azaola, integrantes de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, fijaron su postura en torno a los acuerdos y señalaron que las iniciativas firmadas en Palacio Nacional, no se apegan a criterios de legalidad y de respeto a los derechos humanos. "Se basan en una acepción muy restringida del concepto de Estado de derecho que solo enfatiza la ley y el orden", indican los investigadores.
En contraparte los especialistas proponen que hubiera sido mejor reducir la agenda de temas a cinco o 10 puntos fundamentales en lugar de abrir un abanico demasiado amplio y que no va al fondo de los temas a resolver en materia de seguridad.
El texto señala que "las 74 iniciativas propuestas por el Acuerdo Nacional no están sustentadas en un plan estratégico de combate al delito. Son propuestas reactivas de acciones aisladas y descoordinadas que no responden a un plan integral para el mejoramiento de la seguridad pública".
El pronunciamiento de la Red de Especialistas en Seguridad indica además que estas iniciativas "no identifican una de las deficiencias medulares en el combate a la delincuencia: la impunidad de las autoridades que pudieran estar cobijando, protegiendo y hasta participando de los réditos del delito.
Sin un combate frontal a la impunidad de las autoridades no se ganará la legitimidad que se requiere para combatir la impunidad de los delincuentes, ni la de los elementos de la policía y el Ministerio Público que participen en actos delictivos".
En su consideración principal indican que "un programa de combate al delito debe ser integral y de largo aliento. Cien días o dos años no serán suficientes para alcanzar resultados decisivos. Un programa integral debe ser política de estado y debe contener metas precisas así como una ruta crítica de cómo se irá avanzando durante, por lo menos, los próximos cinco años".
Los analistas señalan que "las iniciativas deben inscribirse en un plan consensuado por los principales actores" y proponen que "el plan debe centrarse en los resultados que se desea obtener y en una hoja de ruta de cómo se llegará a tales resultados".
Además, advierten que para que haya seguridad, "se necesita garantizar la instrumentación de la reciente reforma penal, incluyendo la elaboración de la legislación secundaria que garantice una mayor eficiencia del sistema".
Para ello se requiere instalar la comisión de los tres poderes responsable de instrumentar dicha reforma, la que deberá definir su agenda en un plazo razonable, indican en su pronunciamiento sobre las 74 acciones contenidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad.
