La guerra relámpago de Galván y Saynez.
El secretario de la Defensa Nacional urge a acabar pronto con el narco. Países como Colombia llevan más de cuarenta años en ello sin mayores avances.
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Durante más de cinco horas, tiempo que se extendió la reunión entre los secretarios de la Defensa Nacional (Guillermo Galván), de Marina (Mariano Francisco Saynez), de Seguridad Pública (Genaro García Luna), de Gobernación (Fernando Gómez Mont) y el titular de la PGR (Arturo Chávez) y legisladores federales el martes de la semana pasada, los militares no dieron su brazo a torcer en insistieron en que las acciones castrenses eran las adecuadas para un escenario violento como el de Ciudad Juárez.
El problema, dijeron a los senadores reunidos con ellos en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, radica en dos aspectos fundamentales: la falta de coordinación y cooperación entre instituciones de seguridad para combatir al narco, y la negativa de la sociedad juarense a involucrarse a fondo en las denuncias y en el proceso de restauración de valores y rescate de espacios públicos ganados por el narco.
Ese fue el mensaje del General Galván, como voz cantante y secretario sobre quien se centró la mayoría de las preguntas en torno al fracaso de la lucha antinarco en Ciudad Juárez, del incremento sustancial de la violencia en los dos últimos años, de la fusión de los ocho principales cárteles en dos bloques o federaciones del crimen organizado, del incontrolable tráfico ilegal de armas de fuego de grueso calibre desde los Estados Unidos y Centroamérica hacia México, y de los constantes esfuerzos gubernamentales pero de poco alcance para vulnerar las finanzas de las organizaciones criminales, corazón de una actividad que tiene en el lucro a gran escala su principal razón de ser.
Esta parte fue respondida por el procurador Arturo Chávez en una suerte de intercambio de razonamientos para justificar la difícil que es penetrar las redes financieras del narco y lo imposible que aún más resulta penetrar en el curso de una indagatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Asociación de Banqueros de México (ABM) para averiguar hasta dónde llegan las raíces del lavado de dinero de grandes ligas, a escala empresarial.
Tal es el caso de Peñoles, consorcio minero cuyas oficinas en Polanco fueron infructuosamente rodeadas a finales del año pasado por fuerzas especiales de Marina para llevar a cabo un cateo en busca de archivos, datos, cifras, cuentas, números, depósitos y nombres, nombres, nombres en el marco de una investigación detenida con amparos que impidieron extraer el material cuyas pistas brotaron en el norte del país y las costas del Pacífico mexicano.
Meses más tarde, uno de los grupos de Fuerzas Especiales de Marina que hicieron acto de presencia para apoyar al Ministerio Público de la federación en el cateo fallido a Peñoles integraron la fuerza de choque que penetró a los condominios Altitiude, en Cuernavaca, Morelos, el día en que Arturo Beltrán fue acribillado cuando salía de su departamento del segundo piso, desarmado y sin parque.
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